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Desde que en 1956 comenzaran las primeras emisiones de Televisión Española (la televisión pública), la difusión de señales de televisión en España se realizó con señales digitales (primero en la banda de VHF y posteriormente en la de UHF) y así se mantendría hasta el llamado “apagón analógico” que tuvo lugar el 30 de marzo de 2010 y dio paso a la emisión de la llamada TDT, es decir, la Televisión Digital Terrestre. El cambio tecnológico (que prometía una gran oferta de canales, aunque no siempre la calidad vaya acompañada de la cantidad, y una nueva experiencia de interacción, que nunca ha llegado a materializarse) supuso una importante inversión de dinero por parte de las Administraciones Públicas, cadenas de televisión, operadores de radiodifusión y, como no, el usuario final (que tuvo que adaptarse con nuevos receptores y sistemas de captación en su hogar). Tras esta transición que, precisamente, no fue demasiado suave; una directiva europea exige que se liberen frecuencias que actualmente se usan en la TDT para su uso futuro en comunicaciones móviles y, por tanto, España sufrirá un nuevo proceso de cambio que obligará a los usuarios a gastarse, según los datos del propio gobierno, 300 millones de euros en adaptar las instalaciones de sus hogares.
El dato lo ha facilitado el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, durante el Encuentro de las Telecomunicaciones que anualmente se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en Santander). Este nuevo proceso de transición, conocido como Dividendo Digital, es una interesante muestra de la chapuza en la que se convirtió la implantación de la televisión digital en España porque, al final, el usuario tendrá que realizar dos desembolsos de dinero para poder ver la televisión de manera gratuita.
¿Y a qué se debe este cambio? Es curioso pero, a pesar de la importancia de este hecho, la necesidad de realizar una segunda inversión es algo que desconocen muchos usuarios en España y si tenemos en cuenta que este cambio se debe a una mala previsión del gobierno, tener que pagar dos veces es algo que se hace bastante incómodo (y quizás sería el gobierno quien debería asumir el fallo).
Todo proviene de un error de planificación que se cometió en el año 2008, puesto que por aquel entonces, el gobierno pensó que España podría convertirse en un referente en la implantación de un modelo de televisión digital y apostó por el uso del estándar DVB-T y forzó que bajo este estándar se realizaran todas las emisiones de televisión terrestre en el país (aunque en zonas “alejadas” supusiera una gran inversión pública poder llevar la señal de TV que, por cierto, se considera un servicio esencial). Esta apuesta se hizo justo cuando la Unión Europea estaba vislumbrando el futuro de las comunicaciones móviles y la llegada de LTE, para lo cual había que reservar una banda de frecuencias para este uso (y ya se hablaba de reservar, precisamente, una franja que España ya usaba para la TDT).
¿El problema? Que la banda de frecuencias reservada por Europa para las comunicaciones móviles del futuro coincide con una buena parte de la banda de frecuencias de TV que España destinó a la TDT y, claro está, tras licitar esta banda del espectro (y recaudar de los operadores hasta 1.305 millones de euros que han llegado a pagar por estos canales, recordemos que en España el espectro radioeléctrico pertenece al Estado y éste lo subasta), ha llegado el momento de mover los canales de TV a la nueva franja asignada. Concretamente, la banda comprendida entre los 794 y 862 MHz, los canales 61 a 69 de la UHF, se reservan para la telefonía móvil de cuarta generación (LTE) y según la directiva europea deben estar liberados en 2015 (aunque España ha adelantado el cambio a 1 de enero de 2014).
Con esta idea arranca el nuevo proceso de adaptación que, aunque inicialmente contemplaba compensaciones (al menos así lo ajustó el gobierno anterior), parece que al final tendrá que asumirse por completo por parte de los usuarios que, con toda seguridad, tendrán que adaptar el sistema captación de TV de sus edificios (que es algo regulado en España y suele ser una instalación de carácter colectivo). El nuevo plan del Gobierno recorta también el número de canales múltiples a utilizar, pasando de 6 a 5, con la idea de usar más eficientemente el espectro usando técnicas de compresión de señal y que, aún así, permitan aumentar la oferta de canales.
Si en 2008, cuando comenzó el plan de transición, España hubiese prestado atención a lo que Bruselas preparaba sobre LTE, quizás podría haber adaptado su plan para dejar libre esta banda de frecuencias cara a lo que podría llegar impuesto; sin embargo, siguió adelante con sus planes y hasta que la reserva del espectro no ha llegado en forma de directiva europea no se ha reaccionado para su cumplimiento; el problema está en que con este cambio, el consumidor termina realizando dos inversiones.
Lo peor de todo es que, tras varios años de TDT en España, el “experimento” se ha quedado en eso y aunque la oferta de canales ha aumentado, la alta definición, realmente, es algo residual (y en emisiones en pruebas), la interactividad es algo que aún no hemos visto (más allá de tener la guía de programación que ya teníamos con el clásico teletexto) y, salvo alguna que otra excepción, la calidad de la oferta de canales deja bastante que desear.
Como es lógico, tras el anuncio del gobierno las asociaciones de usuarios han comenzado a comentar que no es justa esta decisión máxime cuando el gobierno se ha embolsado una importante cantidad de dinero al licitar las frecuencias y asignárselas a los operadores:
Si el argumento para cambiar esa decisión es que estamos en crisis, pues nos parece peor todavía, porque son precisamente los ciudadanos quienes ya están pagando esa crisis
Imagen: El Economista y EFE
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